Juan Pablo Aguilera fue derivado a la Unidad Penal Número 1 de Paraná, luego de que la jueza Marina Barbagelata le dictara la prisión preventiva por 90 días, en el marco de la investigación por contrataciones irregulares en la Legislatura en los últimos diez años.

La magistrada hizo lugar a lo que habían solicitado los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro en una audiencia que se desarrolló este mismo sábado, pero acotó el plazo a 90 días de arresto, en lugar de que permanezcan en prisión hasta el juicio.

Del mismo modo dictó la prisión preventiva para Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, aunque en su caso permanecerá diez días bajo arresto domiciliario y con custodia policial hasta que su pareja dé a luz al hijo de ambos, y luego será derivado a la unidad penal.

En el caso de Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, la jueza le dictó la prisión domiciliaria, y también seguirá vinculado a la causa.

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado la prisión preventiva hasta el juicio, señalando que en el banquillo estaban sentados quienes representan el eslabón más alto de la asociación ilícita que desvió fondos públicos mediante contrataciones irregulares en la Legislatura; exhibieron contundente evidencia sobre las vinculaciones entre ellos y los señalaron como las personas que se hacían del dinero que recaudaba la organización.

Se trata de la causa de corrupción más escandalosa de la historia entrerriana, donde se presume que se sustrajeron más de 2.000 millones de pesos entre 2008 y 2018 a través de una asociación ilícita de la que también participaban estudios contables.

Pruebas

Yedro fue quien prologó la jornada al decir que se estaba ante “los eslabones más altos de la pirámide de la organización”. La fiscal fue relatando las evidencias mientras en una pantalla se reproducían planillas e intercambios de mensajes entre Cardoso y Gustavo Pérez, que cumplía la misma función en el Senado y permanece detenido en la unidad penal; y sostuvo que las conversaciones en las que se evidencia el supuesto mecanismo delictivo no pueden ser desconocidas por quienes estaban sentados enfrente.

La documentación puesta de relieve en la audiencia fue abundante. Los fiscales mostraron, claramente, las relaciones de quienes integraban esa organización. Hay correos electrónicos y mensajes de texto en los que se hace referencia al alta y baja de contratos. También aparece, en un informe solicitado del Banco de Entre Ríos SA (Bersa), un dato estremecedor: Almada cobrando 112 millones de pesos en el período comprendido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018. Yedro recordó que el 18 de enero Almada fue detenido por la Policía Federal en la ruta y se le secuestraron 371.400 pesos, cuyo origen no pudo justificar.

En cuanto a Aguilera, y así aparece en la prueba documental exhibida, era quien tenía el poder de decisión sobre las personas a contratar y los montos que percibirían.

Aramberry apuntó que al tratarse de una organización, no se está “ante delitos aislados, sino ante una estructura conformada para delinquir”, en la que todos los actores se relacionan no solo para la comisión de delitos sino también para autoprotegerse. Mientras hablaba, en pantalla se exhibía una conversación que se produjo durante uno de los allanamientos donde la suegra de Aguilera le dice a su hija, Luciana Almada, que escondan los celulares y les digan a los policías que tienen línea fija.

El fiscal también justificó el pedido de prisión preventiva señalando que en caso de permanecer en libertad, los imputados podrían presionar a testigos, sobre todo, a empleados de la Legislatura, de quienes obtuvieron poca información, según dijo.

Antes de cerrar su exposición, el fiscal insistió con la idea de que se está “ante los escalones más altos de la estructura”, es decir, “aquellos que recibían el proveído de dinero”.

Sobre el final, Aramberry adelantó que para los últimos días de marzo el Ministerio Público Fiscal estaría en condiciones de clausurar la investigación preliminar y solicitar la remisión de la causa a juicio.

La defensa

Marcos Rodríguez Allende, defensor de Aguilera y Almada, dijo que el pedido de los fiscales era “desmedido y doloroso”, con “muy pocas evidencias para endilgar que sus defendidos son la cabeza de una asociación ilícita”.

“En ningún momento hay un chat directo con Aguilera, excepto por un talonario (de facturas), pero de otra causa”, sostuvo el defensor, aunque en varias oportunidades se menciona en los chats la sigla JPA, que constituyen las iniciales de su nombre.

El letrado descartó cualquier intención por parte de Aguilera de obstruir la investigación y resaltó que nunca se ausentó de su domicilio ni se fue de la ciudad.

Por su parte, Guillermo Vartorelli, también defensor de Aguilera y Almada, señaló que todas las pruebas que se mostraron bien pueden ser utilizadas en un juicio, “pero no para lo que se está discutiendo acá”, es decir, la prisión preventiva; y solicitó que en caso de que se les conceda la excarcelación sean enviados a prisión domiciliaria con pulseras electrónicas de monitoreo.

A su turno, Emilio Fouces, defensor de Cardoso, narró brevemente la carrera en la administración pública del imputado: dijo que ingresó en 1988 y fue escalando en diferentes estamentos estatales. “No llegó al cargo (Director del Servicio Administrativo Contable) porque alguien lo sacó de un lado para ponerlo a trabajar en una organización, como se cree”, apuntó.

Además, sostuvo que “todas las altas o bajas de contratos son parte del trabajo que desempeñaba Cardoso, y de no hacerlo estaría incumpliendo con su función” y agregó que “no solo hace contratos, también paga a proveedores de la Cámara de Diputados”. Y en respuesta a una mención que hicieron los fiscales dijo que “una tal ‘Russo, Soledad’, que hizo un pedido de alta de contratos, es empleada de un legislador que hace, entre otras cosas, ese tipo de solicitudes”.

Fouces aportó documentos para sostener sus dichos. Leyó, de manera resumida, dos notas que Cardoso envió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, solicitándole una licencia, luego de que la investigación se conociera a través de la prensa. La primera fue remitida el 4 de octubre, al día siguiente de que Página Judicial revelara el mecanismo que se estaba investigando. La segunda nota es más reciente, y previendo que la misma licencia finalizaría en pleno proceso, Cardoso solicitó una prórroga. De esa forma, Fouces aseveró que de ninguna manera su defendido pretendía obstruir la investigación.

En tanto, Miguel Ángel Cullen, defensor de Aguilera y Almada, consideró fuera de lógica el pedido de la prisión preventiva efectuado por los fiscales y le pidió a la jueza Barbagelata “que ponga un manto de racionalidad y vuelva al eje constitucional”. Dijo Cullen: “Solo por la desconfianza no se puede privar a una persona de la libertad. Así estamos fulminando la Constitución”, aseguró.

“Estamos frente al derecho constitucional de la libertad ambulatoria y la regla siempre es la libertad”, planteó Cullen. “Argentina ha sido sancionada por abusar de la prisión preventiva”, agregó enseguida.

“Como jueza de garantías usted debe garantizar los derechos de los imputados; acá se está violando el derecho de la libertad ambulatoria y se pide dejar de lado el derecho constitucional de no declarar en contra de uno mismo”, le pidió a la jueza Barbagelata.

Engranajes

Aguilera, Almada y Cardoso –junto con otras personas– están acusados de integrar una asociación ilícita que funcionaba en el ámbito legislativo y que consistía en la contratación de “prestanombres” a los que se les hacía firmar contratos por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos.

Este sistema, creen los fiscales, habría comenzado a funcionar en el ámbito de la Cámara de Senadores en enero de 2008, con un número aproximado de cien contratos, y en la Cámara de Diputados se habría iniciado después del 11 de diciembre de 2011. Este recorte ha generado algunas suspicacias y Página Judicial reveló que existe un acta, firmada por un escribano público, que da cuenta de que en la Cámara baja no quedó documentación que respaldara el gasto generado de la gestión de Jorge Busti al frente del cuerpo.

Lo cierto es que entre ambas cámaras se llegaron a firmar unos 650 contratos, que se iban sustituyendo unos con otros aunque manteniendo siempre una planta estable de alrededor de 350 personas, a fin de mantener los montos sustraídos, creen los fiscales.

El pago a esos contratados se hacía a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras legislativas. En el Senado, eran Juan Domingo Orabona (entre 2007 y 2011) y Gustavo Pérez (desde 2011); y en Diputados, el responsable era Cardoso. Ellos tenían el manejo de los fondos para el pago de esos contratos y, además, contaban con la facultad funcional de emitir los cheques y, más acá en el tiempo, de generar la apertura de las cuentas sueldo para los contratados. De ellos, el único que no está detenido es Orabona, actual titular del Instituto del Seguro.

El complejo mecanismo se descubrió el 20 de septiembre pasado, cuando Flavia Marcela Beckman, su hija María Victoria Álvarez y la pareja de ésta, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, fueron interceptados por la Policía cuando se retiraban del cajero automático, portando una mochila repleta de dinero. Lo que llamó la atención del agente que estaba de guardia fue que estuvieran un buen tiempo en la cabina haciendo extracciones de dinero con varias tarjetas de débito.

Horas más tarde, la Policía allanó el domicilio de Beckman, donde encontró documentación y más plásticos, y detuvo a su pareja, Hugo Rubén Mena.

A partir de ahí comenzó a desentrañarse un complejo sistema montado para apropiarse de fondos públicos. En la asociación ilícita, Almada era una de las personas que recibía el dinero que recaudaban quienes manejaban las tarjetas de débito de los contratados; mientras que Aguilera, que cumplía funciones en el Senado, está sindicado como “recaudador” en la gestión de Urribarri, desde 2011, ya que supuestamente recibía un porcentaje de lo que recolectaba la organización de entre los contratados.


Colaboración de Juan Cruz Varela
Fuente: Página Política

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