Sergio Urribarri tuvo un sueño. Una noche, debió ser una noche, soñó que tal vez podría ser Presidente de la Nación. Nunca contó los detalles de aquel sueño, pero un día todos los entrerrianos nos enteramos de que había un sueño entrerriano.

Urribarri consiguió aglutinar a barones del conurbano, caudillos peronistas, sindicalistas y empresarios detrás de ese sueño suyo al que sostuvo durante dos años mientras se suponía que también gobernaba la provincia. Llegó, mate en mano, a la televisión nacional, su nombre se coló en autos de carrera y su rostro ganó las rutas, autopistas, calles y hasta un parador playero en Mar del Plata.

El despliegue fue importante y vistoso, pero el sueño entrerriano no fue más que eso y Urribarri terminó plegándose al “baño de humildad” que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner les pidió a todos los candidatos que no se llamaran Daniel Scioli.

Lo cierto es que instalarse tuvo su precio y si bien el número final parece incalculable, hay menos dudas sobre el origen de los fondos. Fuentes tribunalicias confiaron a Página Judicial que en las próximas semanas el Ministerio Público Fiscal elevará a juicio tres causas donde se investiga el desvío de 47 millones de pesos que el Estado provincial desembolsó para sostener la candidatura presidencial de Urribarri.

El ex gobernador Urribarri deberá responder por la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, por la que se pagaron 4 millones de pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA por un monto de 28 millones de pesos en el marco de la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos. Los investigadores judiciales creen que todo fue parte de una estrategia más de proselitismo para instalar la candidatura presidencial.

Por estos hechos, Urribarri enfrenta acusaciones por los delitos de peculado, es decir, por haber utilizado fondos públicos para fines particulares, concretamente, para financiar su campaña presidencial; y negociaciones incompatibles con la función pública.

Pero no es Urribarri el único que debe rendirle cuentas a la justicia.

También el ex ministro y actual diputado provincial Pedro Báez está imputado por la contratación directa que hizo el Estado entrerriano con la productora Nelly Entertainment SA por 28 millones de pesos para promocionar la Cumbre del Mercosur. En ese momento, el Gobierno contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube para dar a conocer cuatro videos, de los cuales tres no tenían absolutamente nada que ver con el encuentro de presidentes. En esa causa también está imputado el empresario Jorge Corcho Rodríguez, como partícipe.

En el caso de Urribarri y Báez, podrían postergar el juicio amparándose en los fueros por su condición de legisladores.

La instalación del parador en Mar del Plata le costó al Estado entrerriano 15 millones de pesos, con el supuesto objetivo de exhibir los atractivos de la provincia, aunque la sospecha es que buscaba instalar la figura de Urribarri como candidato presidencial. La empresa que montó la infraestructura se llama El juego en el que andamos, de Gerardo Caruso, que era también director artístico y de contenidos del programa Fútbol Para Todos y contratado de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Los investigadores sospechan que parte del dinero con que se pagó el parador fue a parar a la campaña presidencial, ya que detectaron que la empresa El juego en el que andamos habría hecho transacciones bancarias por 2 millones de pesos hacia las empresas Tep SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. A su vez, la firma también subcontrató a la cooperativa de trabajo X la Plata Publicidad Limitada por 338.800 pesos para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri.

En esta causa, además de Urribarri, Caruso y Aguilera, están imputados el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; y la contadora Corina Cargnel.
Fuente: Página Judicial

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Corrupción Urribarri

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