La Cámara de Diputados avanzó con un dictamen para crear la Fiscalía Anticorrupción en el seno del Ministerio Público Fiscal. Se unificaron dos proyectos: el del radical Jorge Monge, presentado en 2016, y el del peronista Gustavo Zavallo, presentado en mayo pasado. El proyecto está aún en debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es muy difícil eludir la coincidencia con el escándalo de la Legislatura.

El organismo fue creado transitoriamente en septiembre por el procurador general Jorge García por una resolución. Esta decisión la tomó luego de que su sugerencia para crearla por ley, como lo establece la Constitución, sea rechazada en la Legislatura al final del 2015. La FA, que funciona interinamente y sin estructura, está a cargo de Cecilia Goyeneche. La procuradora adjunta, desde esta plataforma, monopolizó los casos de corrupción. Coordina las investigaciones y lleva un control exhaustivo de todos los legajos en los que se investigan delitos contra la administración pública. Fue un avance en materia de organización. La última reestructuración que se había hecho fue inesperada: la Procuración General corrió de esas causas a Santiago Brugo, el fiscal que más había avanzado en casos de corrupción de trascendencia, por caso el de Sergio Urribarri. En su lugar designaron a Gonzalo Badano. No se conoce avance alguno.

La creación de la nueva fiscalía requiere un concurso. Lo dice el artículo 208 de la carta magna reformada en 2008 que incorporó este organismo. La designación será a través del Consejo de la Magistratura y la Procuración “asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido”. Éste último ítem, ligado a lo presupuestario, deberá ser negociado enfrente. Mal momento.

Si Goyeneche quiere seguir en el cargo deberá inscribirse en el concurso. El proceso, entre la convocatoria, la inscripción, la presentación de antecedentes, la prueba escrita, oral y la entrevista, puede llevar un año. Luego se eleva una terna al Ejecutivo para que el Senado le dé acuerdo al pliego.

La procuradora adjunta está llevando adelante, junto a Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, la investigación más importante que pesa sobre la dirigencia política. Se trata de la causa en la que se sospecha que en la Legislatura se montó un mecanismo de recaudación fraudulento con contratos leoninos en el que a través de la figura de los “prestanombres”, se recaudaban cifras siderales.

Si García cumple con su idea de jubilarse el año que viene, el nombre de Goyeneche es el primero en la lista para sucederlo. En principio porque el mismo procurador ha dicho que es su candidata. Pero la causa de los contratos truchos reformula las condiciones de posibles negociaciones. Goyeneche es hoy procuradora adjunta y fiscal anticorrupción interna. El cargo mayor es el único atado a una decisión pura y exclusivamente de la política.
Fuente: Página Política

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