Hace unos meses hubo un intento del gobierno provincial de llevar al plano de lo público e institucional un debate interesante: la implementación de un código electoral. Esa estructura jurídica venía a proponer una nueva forma de sufragar, pero también de renovar y pensar de otra manera la acción política en un proceso electoral.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y al poco de andar quedó enredado en discusiones internas en el seno del PJ, de la que se aprovecharon en Cambiemos para no avanzar en nada. En síntesis: no se quiere discutir una reforma política. Nadie puso el grito en el cielo por la equidad de género (ni siquiera la Banca de la Mujer). Nadie propuso saltar el cerco del statu quo. Sólo hubo tibias excepciones. Esto es verificable por los hechos. ¿En qué quedó la reforma política, entonces? En una negociación del Gobierno con la oposición para que el Gobernador pueda adelantar las elecciones.

Antes del raquítico resultado, hubo una convocatoria a los representantes legales de todas las fuerzas políticas de Entre Ríos para que expusieran su punto de vista en el Senado. Así lo hicieron. Legisladores del oficialismo y la oposición también expresaron sus supuestos deseos en los medios.

En la presentación, la ministra de Gobierno Rosario Romero habló de la necesidad de una ley de financiamiento de los partidos. Esa necesidad había tomado volumen con la causa en la que se investigó el financiamiento de las campañas de Sergio Varisco por el narcotráfico. El juez federal Leandro Ríos, que también tiene competencia electoral, explicitó en sus resoluciones que la venta ilegal de estupefacientes y la política están ligados es de vieja data y no sólo atribuible al radical, aunque sea el único procesado. La figura estelar de Daniel “Tavi” Celis se repite en varios rollos de foto de campaña, incluso del PJ. Una lectura de los expedientes que involucran al intendente de Paraná da escalofrío por la galería de personajes públicos que participaron de la vida institucional de la ciudad.

Radicales, peronistas y macristas prometieron avanzar con una normativa sobre el financiamiento de los partidos al calor de las noticias judiciales más que por lo que manda de la Constitución entrerriana en el artículo 29.

La historia parlamentaria más cercana no observa una preocupación en la materia. Sólo el diputado del PRO Esteban Vitor tiene una iniciativa ingresada al cuerpo, pero no existe el más mínimo atisbo de empezar a tratarlo.

La Legislatura, además de vivir en una permanente abulia, está bajo la lupa judicial en un escandaloso caso en el que se investiga una asociación ilícita que extraía fondos públicos a través de contratos leoninos. La Procuración General determinó que la estafa sería de unos 1.200 millones de pesos en el período 2008 – 2018 en ambas cámaras, excepto en diputados, donde las sospechan arrancan en 2011. ¿Es dinero es para el financiamiento de la política? No se sabe, pero es la respuesta más elocuente que se escucha y que se acomoda al discurso de hartazgo. Ese dinero, quizás, pudo haber quedado en los bolsillos de tres, cuatro, cinco o 15 pillos. A esa hipótesis es difícil llegar porque la provincia tampoco tiene una ley de Ética Pública que implica que los funcionarios de los tres poderes del Estado presenten sus declaraciones juradas. Una iniciativa en este sentido está pronta a salir en el Senado, así dicen, con modificaciones que restringen la transparencia en cuanto a la información sobre los bienes de quienes ocupan un lugar en el Gobierno, en la Legislatura o en el Poder Judicial.

La política tiene en sus manos el desafío de salvarse.
Fuente: Página Política

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