Genolet, investigadora y ex vicedecana de la Facultad de Trabajo Social, fue convocada por la diputada del PRO Yanina Gayol. Silvia Primo, feminista y militante por los Derechos Sexuales y Reproductivos, por el radical Marcelo Monfort.


Ambas expusieron el jueves 24 de mayo en la Cámara de Diputados de la Nación a favor del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Triple vulnerabilidad
“He pasado gran parte de mi carrera investigando y formando a profesionales Trabajadoras/es Sociales en relación a género, adolescentes y derechos sexuales y reproductivos. Mis aportes en este tema son fruto de investigaciones, basadas en datos empíricos y su interpretación desde la perspectiva de género que me llevan a conceptualizar que las adolescentes, sobretodo quienes se encuentran en situación de pobreza, constituyen un grupo que sufre condiciones de triple vulnerabilidad, por ser mujeres, pobres y adolescentes”, señaló Genolet en su alocución.

“Muchas de ellas quedan embarazadas fruto de desconocimiento y falta de información acerca de su propio cuerpo y de su sexualidad, por abusos sexuales intrafamiliares, malos tratos que las obligan a abandonar tempranamente su núcleo familiar, y ser forzadas por sus parejas a iniciar relaciones sexuales precozmente”.

Además precisó que “en el país por año cerca de 3000 niñas menores de 15 años se convierten en madres, y en Entre Ríos según datos del SIP (Sistema informático perinatal) de 2016, 107 niñas fueron madres antes de los 14 años y el 26% de los nacimientos correspondieron a madres adolescentes en su mayoría pobres. Estos datos impactan, constituyen una violación a los derechos humanos por la desigualdad que conllevan -niñas que deberían estar estudiando, disfrutando de su edad, proyectando un futuro deben asumir la maternidad con todo lo que esto implica. Es materia de preocupación por el riesgo que representa a su salud física y emocional y porque a menor edad, mayor es la probabilidad de complicaciones en su salud (hemorragias, sepsis, parto obstruido) y de tener abortos inseguros”.

“Esto no es una casualidad ni obra de la naturaleza, hay responsables políticos, son decisiones que NO se priorizan desde el propio Estado, muchas veces haciéndose eco de planteos morales, religiosos, obstaculizando políticas preventivas como es la implementación de la educación sexual integral o el desfinanciamiento y ausencia de programas de salud sexual y reproductiva. Sabemos por experiencias de otros países que de ser implementados integralmente evitarían muertes de personas o mujeres gestantes por aborto”.

“Debemos despenalizar el aborto porque vulnera los derechos de las mujeres a la salud, las criminaliza, castiga a aquellas que no tienen medios para hacerlo de manera segura, priva a que puedan ejercer la autonomía sobre sus cuerpos y ser libres de tratos inhumanos y crueles; pero también debemos legalizarlo para que sea una política pública. Vivimos en un país democrático y los derechos deben ser garantizados para reducir daños, limitar el autoritarismo moral, fortalecer la igualdad y construir dignidad”, finalizó Genolet.
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Casos en Entre Ríos
“Mica. Su cuerpo 19 años, su edad mental 5, no pudo decir ni decidir: quedó embarazada por una violación, fue encerrada en un hogar contra su voluntad y sin el conocimiento de su madre (“cuando la encontré estaba en un esquina sentada en el piso acunando su bolsito”) privada de su libertad por una liga de defensores de la vida que decidieron proteger un embrión y ocultarla hasta que su embarazo por alguna norma moral autoritaria no pudiera ser interrumpido. Las ONG posibilitaron el acceso a la IVE articulando con el Ministerio de Salud de la Nación. Estado provincial ausente: no hubo sanciones”.

“Durante muchos años Mónica recorrió hospitales pidiendo anticoncepción por su patología cardíaca severa,. Ya tenía un hijo con secuelas, consta en su historia clínica, y cinco abortos espontáneos. Quien lideraba aquel grupo era el mismo médico que 5 años después, fuera de toda norma, interrumpiría con violencia el acceso a un aborto no punible contra la determinación de un ateneo médico. Fue obligada por el Estado a padecer SOLA un embarazo de alto riesgo, a 600 km de su hogar, lejos de sus pocos afectos. Siete días después de un parto por cesárea sufrió un ACV. No pudo decidir. El Estado otra vez ausente e irresponsable. No pudo amamantar, aún tiene secuelas de ese ACV y aún no puede abrazarla. El Estado desapareció en sus obligaciones. Los defensores de la vida también”.

“Hace 7 años quedó embarazada. Su novio de 17 se borró. Por el pánico a que su padre lo supiera, se entregó por 500 pesos –todo lo que tenía– a las manos clandestinas e inseguras de un enfermero auxiliar de un barrio de Concordia. Ale murió por aborto séptico, tenía 17 años”.

“Nueve hijas e hijos, obesidad mórbida. En su 8º embarazo pidió ligadura de trompas. Ley de de contracepción quirúrgica vigente, tenía obra social, el médico le cobraba 2400 de plus. Su marido pudo juntar 2000, le faltaban 400 por eso no le realizó la práctica médica. El juramento hipocrático ausente. Otro embarazo más, esta vez de mellizos. Antes del parto sufrió preeclampsia como las veces anteriores, por eso quería que le ligaran las trompas. Cesárea, complicaciones postparto, muchos días en estado de coma y falleció. Tenía 36 años y 11 hijes, todes menores”.

“Estas son algunas de las historias de vida de mujeres entrerrianas: de cuerpos destrozados, autoestimas vulneradas y arrasadas, derechos violados sistemáticamente. Decisiones negadas”, relató Primo a su turno.

Y remarcó: “La sociedad no puede seguir sometiendo a las mujeres a ejercer un maternaje no deseado. Eso es violencia. Mientras el Estado y los valores religiosos y morales se ponen de acuerdo, las mujeres siguen y seguirán interrumpiendo sus embarazos en la inseguridad y en la clandestinidad, poniendo en riesgos sus vidas o muriendo. Frente a las muertes evitables y el derecho a la vida digna de las mujeres, no puede haber valor religioso, ni moral, y ningún poder hegemónico profesional, ni objeción de conciencia que irrumpa en los derechos de las humanas”.

“En este proyecto de ley y en vuestras manos está la posibilidad de terminar con una de las deudas más largas de la democracia , con un problema de salud pública y de justicia social, y reconocer los derechos de las mujeres niñas-adolescentes y adultas a decidir responsable y libremente sobre sus actos y sus cuerpos”, reclamó por último.
Fuente: Página Política

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