El juez federal Leandro Ríos procesó al intendente Sergio Varisco por haber supuestamente financiado con recursos públicos a la organización narcocriminal encabezada por Daniel Andrés Celis y por eso también le achacó el delito de peculado. El magistrado mantuvo el estado de libertad del jefe comunal pero decretó un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos.

El magistrado considera que Varisco, con la asistencia y colaboración del concejal Pablo Hernández y la funcionaria municipal y policía provincial Griselda Bordeira, proporcionó periódicamente los recursos económicos que requería Celis para la adquisición y comercialización de cocaína, por intermedio de empleados municipales u otras personas.

En diálogo con el programa Cinco Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná, el abogado Mariano Cúneo Libarona, uno de los defensores de Varisco, criticó duramente al juez, a quien tildó de “cabeza dura” y de quien dijo que “no conoce el expediente”. El letrado adelantó que apelarán el procesamiento del intendente porque “está clarísima la inocencia de Varisco”. Asimismo, dejó entrever que podría haber “algo raro” alrededor de la causa, afirmó que el fallo “es muy raro” y dijo que los investigadores “no leen o leen mal”.

“No hay una escucha que involucre a Varisco, ni una conversación propia de Varisco, que son las que valen, no las conversaciones de terceros; no hay secuestro de droga en poder de Varisco, no hay plata del financista o comprador ni testigos que lo involucren a Varisco”, agregó Cúneo Libarona.

La investigación se sostiene en gran parte por las escuchas telefónicas recogidas durante varios meses. En ellas surgen, a criterio del juez, los términos de un acuerdo político que Celis habría refrendado con Varisco en los primeros días de septiembre del año 2017.

El juez cree que Celis actividad de comercialización de cocaína con fondos públicos que le garantizaba el intendente luego de ese acuerdo, del que también participaban Hernández y Bordeira, y con recursos propios generados por la venta de droga.

Pero la sospecha va más allá. Si bien no se detectaron comunicaciones directas entre Varisco y Celis, el juez asegura que unas de las funciones de Luciana Lemos, la pareja del jefe narco, era mantener ese vínculo abierto en forma “permanente”, “fluida” y “secreta” a través de Hernández y Bordeira, en lo referido a los pagos de dinero y entregas de cocaína. Concretamente, menciona que los funcionarios habrían comprado droga el 1 de diciembre de 2017 y el 27 de abril de 2018 para su comercialización.

Para la adquisición y comercialización de cocaína, y también para garantizar el cumplimiento de ese acuerdo político, intermediaban los empleados municipales Ernesto Ramón González y Alan Nicolás Viola, sostiene el juez.

El jefe y organizador de la banda era Tavi Celis, que coordinaba las adquisiciones de la droga por teléfono desde su celda en la cárcel de Federal. Luciana Lemos era sus ojos fuera del penal. Celis coordinaba además la distribución y venta de la cocaína, dirigía a sus asistentes y colaboradores, e impartía órdenes relativas a la ejecución del acuerdo político con Varisco, como así también a la compra y traslado de la droga, el control de cantidad y calidad, resguardo, precios de venta y modalidades de pago.

El proveedor de Celis era un ciudadano de nacionalidad peruana llamado Wilber Figueroa Lagos, a quien llamaban Tío o Pariente. En algunas ocasiones él mismo trasladaba la droga desde la Ciudad de Buenos Aires y en otras lo hacían mujeres de mediana edad, que fungían como mulas, transportando la droga en colectivo.

Todos ellos fueron procesados por el juez Ríos, al igual que otros familiares y allegados a Celis, que constituyen los distintos eslabones de la organización y cumplen roles de colaboradores, asistentes, almacenadores, vendedores y revendedores de cocaína.

El listado de procesados comprende a Viola y González, ambos empleados municipales; Eduardo Humberto Celis, alias Cholo, que es hermano de Tavi; Nahuel Jonatan Eduardo Celis, hijo del anterior; Jonathan Jesús Heintz y Juan Manuel Gómez.

El magistrado, además, citó al concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) a declarar como testigo para el próximo miércoles 27 de junio, que aparece mencionado en los cuadernos de anotaciones que llevaba Luciana Lemos; mientras que al día siguiente deberá hacerlo el funcionario y ex policía provincial Ricardo Frank.
Fuente: Página Judicial - Página Política

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