No lo hizo públicamente ni se dedicó a señalar a Mauricio Macri o a su gobierno. En su perfil de Facebook, al que acude muy a menudo para sentar posición y recomendar artículos, el fiscal de Estado se refirió contra el polémico decreto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional en el que, entre otras cosas, permite el embargo de las cuentas sueldo de los trabajadores. También lo hizo sin hacer una alusión explícita.

El funcionario entrerriano aprovechó la red social para decir lo siguiente: “La legislatura de Entre Ríos sancionó la ley 10561 mediante la cual reglamentó los requisitos para que la ATER considere la posibilidad que un reclamo sea considerado como falto de interés fiscal. La deuda reclamada no puede superar una vez y media el salario mínimo vital y móvil, se deben agotar las instancias administrativas de cobro y el deudor debe ser insolvente”.

De esa manera se diferenció de la autorización del gobierno nacional de habilitar a los bancos a embargar. En Entre Ríos, lo de ATER, se hizo por ley y no por decreto. En segundo lugar porque se trata de impuestos y no de deudas crediticias. Posiblemente la administración nacional haya querido habilitar el embargo sobre la cuenta sueldo directamente, pero en la redacción concreta y literal del decreto queda a mitad de camino y al final los jueces van a tener que interpretar si el principio general se modifica o no.

El extenso DNU N° 27/2018 incorpora la posibilidad de que los bancos puedan embargar las cuentas sueldo de los trabajadores. En pos de la “inclusión financiera”, el artículo 168, que sustituye el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley N° 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), establece que el monto que exceda los tres sueldos es pasible de embargo.

Rodríguez Signes, que suele compartir informes económicos que advierten sobre las cuentas públicas del país, posteó hace unos días una nota en la que narra la preocupación de los gobernadores porque María Eugenia Vidal, a quien se le enriqueció su gestión con el pacto fiscal, no ha levantado los juicios por el llamado Fondo del Conurbano.

No es difícil encontrar críticas en Casa de Gobierno contra la administración de Macri. En rigor todo lo que hay son críticas. Lo imposible es que un funcionario las manifieste públicamente. Aquí apareció uno. Al menos por Facebook.

Una explicación

El embargo es una medida cautelar que solo puede ser emitida por un juez en el marco de un proceso judicial.

Ni los bancos, ni siquiera la AFIP actualmente, pueden disponer embargos por sí y ante sí. El embargo es una medida cautelar emitida por un juez para inmovilizar todo o una parte del patrimonio de una persona.

En ese sentido el decreto 27 de 2018 del Poder Ejecutivo Nacional no modifica este principio básico y esencial consistente en que el embargo es una decisión jurisdiccional (del Poder Judicial). En el caso que el embargo recaiga sobre el salario de un trabajador en relación de dependencia, las posibilidades del embargo se limitan, atento al carácter alimentario de la remuneración.

El artículo 120 de la ley 20.744, de contrato de trabajo, establece que el salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas alimentarias.

-Artículo 147- Las remuneraciones debidas a los trabajadores serán inembargables en la proporción resultante de la aplicación del artículo 120, salvo por deudas alimentarias. En lo que exceda de este monto, quedarán afectadas a embargo en la proporción que fije la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional, con la salvedad de las cuotas por alimentos o litis expensas, las que deberán ser fijadas dentro de los límites que permita la subsistencia del alimentante.

La ley 27.320 del 16 de noviembre de 2016 agregó al artículo 147 el siguiente texto:

A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá instrumentar ante el empleador para que éste efectúe las retenciones que por derecho correspondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en conocimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución judicial que lo ordena.

El decreto 27 del año 2018 modifica el artículo 147 de la ley de contrato de trabajo reformada por ley 27320 agregando el siguiente párrafo:

No podrán trabarse embargos de ningún tipo sobre el saldo de la cuenta sueldo en la medida de que se trate de montos derivados de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social cuando ese importe no exceda el equivalente a TRES (3) veces el monto de las remuneraciones y/o prestaciones devengadas por los trabajadores y/o beneficiarios en cada período mensual, según el promedio de los últimos SEIS (6) meses. En caso de que el saldo de la cuenta proveniente de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social exceda tal monto, el embargo se hará efectivo sobre la suma que exceda el límite fijado por el presente artículo”.

Lo que está haciendo este artículo es interpretar que la cuenta sueldos es inembargable dados ciertos requisitos:

1) Que los montos allí depositados sean derivados de relación laboral o jubilación o pensión.

2) Que lo que esté depositado no exceda 3 remuneraciones. Si excede ese límite se puede embargar el importe excedente.

Es decir que el decreto no modifica el régimen general en cuanto a que todo embargo debe ser decidido por el juez del proceso correspondiente a la relación creditoria.

Tampoco en cuanto a los límites del salario embargable que sigue siendo el del artículo 120 y el 147 primera parte de la ley de contrato de trabajo.

Pareciera que se modifica, pero no está muy claro, la idea de que se puede embargar la cuenta sueldo directamente sin el requisito de notificar el embargo ante el empleador para que éste efectúe las retenciones que por derecho correspondan, siempre y cuando se excedan los límites señalados.

La técnica legislativa es pésima por dos razones:

1) Modifica nada más ni nada menos que la Ley de Contrato de Trabajo por un DNU.

2) No deja claro si subsiste o no el principio general que se tiene que notificar del embargo al empleador para que este haga la retención o se puede ir directamente a embargar la cuenta sueldos si supera los límites.

Es una redacción confusa, que de todas maneras tiene que ser interpretada por los jueces que dicten las medidas cautelares.

Fuente: Página Política

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