Por Rubén Pagliotto (*)

Es bueno comenzar el año teniendo cierta claridad en algunos temas, sobre todo en aquellos que en los últimos tiempos han generado más dudas que certezas, incluso alguno de ellos ocupando el lugar del árbol que tapa el bosque. Trataré, en la medida de mis escasos recursos intelectuales y literarios, explicar algunos de ellos, en función de su incidencia en el ámbito político de un año electoral que, en otros aspectos como el económico, se insinúa complicado y conflictivo.

La megacausa de los contratos truchos en el ámbito de la Legislatura comienza a exhibir signos preocupantes en varios aspectos, a saber:

1)Los máximos responsables del mayor acto de saqueo a los fondos públicos provinciales, ni siquiera han sido aún citados a declarar en condición de imputados. No debemos confundirnos: quienes están preventivamente detenidos (algunos en la UP1 y otros en sus domicilios) no son quienes detentaron los lugares de mayor responsabilidad institucional en la saga ni fueron los que obtuvieron los mayores beneficios económicos en los actos de saqueo. Hasta el momento todo el “power” en la investigación está puesto en los niveles medios, llegando – de momento- hasta Juan Pablo Aguilera como el personaje más conspicuo de ese estamento que, insisto, no representa el máximo nivel político de la organización delictiva.

2) A nadie escapa que ninguna de estas acciones delictivas investigadas hubieran podido ser posibles – ni tan siquiera intentadas- si no hubiesen contado –necesaria e ineludiblemente- con la aquiescencia de legisladores y altos funcionarios del Poder Ejecutivo durante el período investigado (que en rigor es bastante más amplio que el que se está pesquisando por la Fiscalía Anticorrupción). Es impensable, por imposible, que semejante acto de despojo hubiera podido llevarse a cabo sin la complicidad y el conocimiento de diputados y senadores y, si así no fuera, pues entonces a muchos de ellos – al menos a quienes fungieron en las distintas gestiones como vicegobernadores y presidentes de la Cámara de Diputados - se los debería imputar, juzgar y eventualmente condenar por omisiones funcionales inexcusables, ya que todos ellos, cada uno a su tiempo, asumieron ex lege la posición de garantes, debiendo evitar que tales actos criminales sucedieran o que una vez enterados de ello, hubiesen intervenido activamente haciendo las denuncias penales del caso a fin de conjurar y poner coto a acciones delictivas en fraude al Estado Provincial.

3) Todos sabían y conocían de la existencia del llamado “sistema”, a tal punto que en infinidad de planillas de computación secuestradas por la Unidad Fiscal actuante se aludía a ese mecanismo de latrocinio como “mantenimiento del sistema”, apareciendo en ellos. Invariable y reiteradamente, apellidos de ex ministros, Legisladores (actuales y que lo fueron), gobernadores, vicegobernadores, dirigentes políticos, periodistas, profesionales, etc. Aparece allí, por ejemplo, algún periodista (en rigor se trata de un animador radial) que suele erigirse en fiscal de la moral ajena y cuya característica no es precisamente la buena pluma, a quien se le adjudican al menos cinco contratos en el ámbito de la Legislatura.

4) Si la decisión de política criminal de la Procuración General a través de la Fiscalía Anticorrupción (recientemente creada manu militari por Jorge Amilcar Luciano García en forma reactiva y espasmódica, sin cumplir la manda constitucional) fuese poner el techo como límite máximo en la cadena de responsabilidades en los Contadores Gustavo Pérez (ex director general del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores), Sergio Cardoso (ex director general del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados), Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada, inclusive Juan Domingo Orabona (actual titular del Iapser) y algunos otros más como Faure, Bilbao, Opromolla, Krapp, Mena, Beckman, Scialocomo, Álvarez, Balladares, Mansilla, entre otros, en claro mensaje de que la cosa hasta aquí llega, se estaría perpetrando -sin dudas- la estafa más grande y escandalosa a las expectativas sociales de que esta vez la justicia investigaría sin concesiones, cayera quien cayera, a fin de evitar que se consagre otra vez la impunidad de décadas, aplicando las condenas que fueran necesarias y proporcionales al acto criminal cometido por cada uno de los sindicados. Lo contrario, sería apenas una burda parodia que pondría al desnudo el raquitismo institucional de nuestra provincia y la desopilante colonización de nuestro sistema de justicia, cooptado por una mediocre, degradada y voraz clase política vernácula.

5) Es francamente preocupante y enciende una luz de alerta, que hasta el momento no se haya convocado a que declaren como imputados a muchos de los aludidos en la descripción de los hechos acriminados y en la copiosa y variada documentación secuestrada en distintos procedimientos, bajo cuyas gestiones legislativas se llevaron adelante –hasta el momento en que se produjo la detención de Mena, Beckman, Scialocomo y Álvarez- estos vandálicos hechos de saqueo del erario públicos combinado con explotación y abuso de personas en situación de extrema necesidad de asistencia económica.

6) Por fuera de estas cuestiones, existe otra situación que despierta suspicacias y abre muchos interrogantes entre operadores judiciales, periodistas, abogados y ciudadanos que día a día siguen muy de cerca estos temas de alta sensibilidad, acerca de la trasparencia del proceso y la necesidad del apartamiento de la titular de la novel Fiscalía Anticorrupción, que ha hecho su actuación y presentación estelar con esta causa. La doctora Cecilia Andrea Goyeneche ha sido recusada por letrados defensores por encontrarse incursa claramente en las causales del Art. 38 inciso f), en función de los Arts. 40, 41 y 45 del Código Procesal Penal de Entre Ríos. En efecto, Goyeneche, titular de la Fiscalía Anticorrupción y a cargo de esta investigación, comparte con el imputado Pedro Opromolla el condominio de un departamento en un fideicomiso, a la vez que ambos son co-locadores de ese inmueble en un contrato de alquiler, sin perjuicio de que el contador Opromolla tuvo estrechos vínculos profesionales y de amistad con el esposo de la Fiscal aludida, todo lo cual dio pábulo a los defensores de Pérez y Faure para postular fundadamente la recusación de Goyeneche atento a que ella no se excusó que es lo que hubiese correspondido.

7) Si bien nadie duda de la honorabilidad, honestidad, integridad y profesionalismo de la doctora Goyeneche, sabido es, al menos para los abogados, que las causales de recusación (apartamiento de un fiscal o juez de determinada causa a fin de asegurar la objetividad y transparencia del proceso) en modo alguno ponen en dudas la probidad del recusado, sino que tienden a aventar sospechas de parcialidad y el aseguramiento de la transparencia del proceso.

8) Me permito traer a colación algún pasaje del escrito presentado por los letrados defensores, sin pretender en modo alguno inmiscuirme en su esfera de actuación profesional ni en exegeta de ocasión de tan calificados colegas: “En primer lugar, reiterar (con mayor énfasis dada la cobertura mediática que se ha suscitado respecto de este proceso) que la presente no pone en juego ni el honor ni el buen nombre de la doctora Cecilia Goyeneche, ni su capacidad para ser Fiscal de la Provincia, ni pretende erigirse como un ataque a su persona. Muy por el contrario, se trata de una petición realizada en el más estricto marco legal conforme lo dispuesto en nuestro C.P.P., que determina las causales de recusación de los Fiscales, en salvaguarda de la correcta marcha del proceso y, sobretodo, de las garantías que todo ciudadano debe tener al ser sometido a una investigación penal”.(Del escrito de los doctores Cullen, Vartorelli y Cappa)

9) Resulta a todas luces claro y notorio, que en modo alguno se pretende - como se dijo con un exceso de virulencia y algún que otro espíritu corporativo- atentar contra la facultad de investigación o poner en duda la probidad de la Fiscal Anticorrupción. Por el contrario, los letrados solamente hicieron uso de herramientas jurídicas y postulaciones legítimas en el cometido de su magisterio defensivo, el que por otra parte juramentaron cumplir con dedicación y profesionalismo, y en modo alguno por ello formaron o intentaron formar parte de una organización mafiosa integrada por periodistas, abogados y políticos con el fin de evitar que se investiguen casos de corrupción como el que los ocupa y preocupa.- De lo que se trató y trata es de hacer realidad aquel viejo adagio de Cayo Julio César, y que nos traslada Plutarco, que reza: “La mujer del César no sólo deber ser honrada, sino también parecerlo”. Y por mi parte le aduno aquella frase célebre pronunciada en momentos de crisis institucional por Ricardo Rojas: “No se trata de honores, sino de honor”.

10) En cambio sí me preocupa y hasta el paroxismo, que se haya convertido en ley un adefesio jurídico como es el Art. 35º de la ley 10.407, pensada con claro sentido Bonapartista y antirrepublicano, púes pone en cabeza de los fiscales Coordinadores o del Procurador, en su caso, la facultad jurisdiccional de resolver una recusación que se hace contra un fiscal causídico por parte de un letrado defensor. Así el artículo aludido (posterior en el tiempo al código ritual en materia penal) reza: “Los miembros del Ministerio Público Fiscal sólo podrán excusarse o ser recusados en los casos previstos en la legislación procesal vigente, siempre que exista una grave afectación del principio de objetividad. El apartamiento será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General, según el caso.” Ese artículo tortura el derecho al juez natural, otorgando facultad jurisdiccional (decir el derecho y aplicar la ley) de modo inconveniente y violentando el bloque de constitucionalidad (convenciones y tratados) a los fiscales que son partes necesarias en el proceso, pero a quienes se les exige por mandato constitucional del deber de objetividad, dado que si bien están obligados a investigar, no están constreñidos a acusar cuando no existan fundadas y probadas razones para ello.

11) La inconstitucionalidad del Art. 35º de la Ley Provincial 10.407 de Ministerio Público Fiscal emerge palmaria y prístina y, más temprano que tarde, deberá derogarse esta norma írrita que concede facultades a los fiscales que son propias y exclusivas de los jueces.

12) Creo humildemente tener el derecho, bien ganado por cierto, de explicar con absoluta libertad este asunto porque propios y extraños conocen cuál ha sido invariablemente mi conducta respecto a los hechos de corrupción, como que hasta que aparecieron las aludidas denuncias que llevaron mi firma y las de otros colegas (Kisser y Mulet, por caso) fiscales y jueces parecían mirar para otro lado y estar viviendo en otra arcana dimensión del tiempo y del espacio, pues los hechos de corrupción más impúdicos y escandalosos se cometían a metros nomás de sus despachos oficiales, sin despertar su pasión y obligación investigativa. Era una rara avis la apertura de oficio de una investigación penal ante la publicación periodística de un caso de corrupción- Como que también es cierto, acaso indicio de una nueva época, que hoy en día jóvenes y abnegados fiscales, honrando sus juramentos funcionales, llevan adelante profundas, serias y severas investigaciones de casos, que son la muestra cabal de un plan de saqueo sistemático de fondos del erario público provincial.

Epílogo: en la llamada causa de los contratos truchos no se ha llegado aún a los máximos responsables, puesto que todavía faltan imputar y citar a prestar declaración de imputados a un número importante de ex y actuales legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo; como que tampoco existen mafias de periodistas y abogados coaligados a fin de sacar del medio a fiscal alguno ni muchísimo menos entorpecer la investigación, sino letrados que ejercen su profesión dignamente con las herramientas legales que proveen códigos de fondo y forma y las propias Constituciones, Convenciones y Tratados Internacionales y periodistas que informan y opinan libremente, con algunos de los cuales tendremos mayor identificación y empatía que con otros.

Si existen causales de excusación o recusación, las mismas deben respetarse a rajatablas, pues allí están asegurada la independencia y objetividad de un fiscal, y la trasparencia e integridad de un proceso en un estado constitucional de derecho, respetuoso de las garantías de todas las partes intervinientes. Nadie ataca ni masilla el buen nombre y honor de nadie ni pretende subalternamente entorpecer una investigación, por usar una herramienta procesal y por tanto legal y legítima como es la recusación. No debemos ver fantasmas donde no lo hay. Celebro con sincero entusiasmo la creación de un observatorio judicial, pero aspiro con idéntico entusiasmo a que ese organismo no sea sólo una respuesta por elevación ante algunas críticas efectuadas sobre la permanencia o alejamiento de una Fiscal de determinada causa, atendiendo a la existencia de causales que obstarían su continuidad en las mismas. Además, es claro, al menos así lo entiendo desde el sentido común ya la experiencia de vida, que ningún fiscal es imprescindible ni irreemplazable y menos aún intocable. En el caso concreto, existen dos fiscales como los doctores Patricia Yedro e Ignacio Aramberry que integran la tríada de investigadores y que bien pueden continuar la faena con la misma eficacia y experticie, y que si fuera necesario hay otros funcionarios del MPF en iguales o mejores condiciones que la doctora Cecilia Goyeneche para suplirla y no dejar menguado el equipo que lleva adelante las pesquisas en la Legislatura.

Tampoco podemos ni debemos permitir que se avasallen funciones que son propias de los jueces como lo es claramente la jurisdicción, entendida como la potestad constitucional delegada en los jueces para decir del derecho, aplicar la ley y resolver los conflictos o intereses partiales sometidos a su competencia de resolución.

Esta causa debe servir, definitivamente y dada su enorme trascendencia institucional, para que los ciudadanos recuperen su fe en las instituciones de la república y se reconcilien con el servicio de justicia; pero nada de ello, bajo ningún concepto, debe ser a despecho de violentar expresa o tácitamente la ley o de no respetar las reglas del debido proceso y la defensa en juicio, pilares de la civilización y garantía de la paz social.



(*) Abogado, ex Fiscal Adjunto de Investigaciones Administrativas de Entre Ríos, ex presidente del Colegio de Abogados de Paraná, docente universitario. Asesor de Cambiemos. Autor de numerosas denuncias por casos de corrupción.
Fuente: Página Política

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